Una demanda a la Unión Europea de 62 organizaciones

OCU también ha firmado la petición

OCU, junto a otras 61 organizaciones europeas del campo de la salud y de defensa de los consumidores, ha firmado una carta dirigida a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo.

En ese documento manifestamos nuestra preocupación por la ausencia de condiciones para la industria en la asignación de ayudas económicas destinadas al desarrollo de futuros tratamientos y test diagnósticos contra el COVID-19.

Fondos públicos para investigar sobre el COVID-19

En la UE se ha aprobado la asignación de 45 millones de euros, provenientes del programa Horizonte 2020. La convocatoria fue publicada el 3 de marzo por la IMI, iniciales de Iniciativa de Medicamentos Innovadores (en inglés, Innovative Medicines Initiative). IMI en realidad es un partenariado integrado y financiado por la Comisión Europea y la Federación Europea de la Industria Farmacéutica. Su objetivo es favorecer proyectos de cooperación entre el sector público y privado para acelerar el desarrollo y acceso de medicamentos innovadores dentro de la UE.

¿Sin exigir unos precios asequibles?

El problema es que, por la información disponible, no consta que en esas ayudas públicas a la investigación se hayan introducido condiciones para evitar que la industria se aproveche de las circunstancias: 

• Ni cláusulas que garanticen la asequibilidad y accesibilidad del producto final resultante. 
• Ni restricciones a posibles licencias exclusivas de comercialización de dichos productos.

Así, no: impongan unas contraprestaciones

La ausencia de este tipo de contrapartidas, implica un enorme riesgo para los sistemas públicos de salud de los diferentes países de la UE. Si estos proyectos financiados con dinero público finalizaran con éxito y ofrecieran como resultado pruebas diagnósticas o tratamientos útiles en el manejo del COVID-19, podría suceder que las empresas comercializaran dichos productos a precios abusivos, tal y como OCU ya ha denunciado que viene sucediendo con otros medicamentos que han recibido financiación pública en sus etapas iniciales de desarrollo.

Por eso OCU y el resto de las organizaciones firmantes piden a la Comisión Europea que replanteen las condiciones bajo las cuáles otorgan ayudas económicas en el desarrollo de medicamentos o pruebas diagnósticas contra el COVID-19. Sin duda alguna todos necesitamos que estén disponibles cuanto antes y, además, que sean accesibles tanto para los ciudadanos como para los sistemas públicos de salud.