Decreto de ayuda a víctimas de la talidomida

La talidomida es un medicamento que se usó en España a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta para aliviar las náuseas del embarazo. Su uso provocó graves malformaciones en los bebés nacidos meses después. Una tragedia que empujó a los gobiernos a revisar los procesos de evaluación de los medicamentos y a impulsar la farmacovigilancia.

Talidomida: afectados y mal tratados

Los afectados españoles de la talidomida acudieron a los tribunales y reclamaron una indemnización al laboratorio farmacéutico Grünenthal por las malformaciones causadas. Después de un largo proceso y tras una sentencia favorable en primera instancia, el Tribunal Supremo acabó considerando el caso prescrito.

OCU siempre ha considerado justa la lucha de las víctimas españolas de la talidomida. En este sentido, nos parece éticamente reprochable que un laboratorio de éxito, que en su momento se lucró de la comercialización de la talidomida, se empecinase en un largo proceso judicial, añadiendo sufrimiento innecesario a las víctimas. En cualquier caso, al margen de la decisión del Tribunal Supremo, OCU ha pedido a la Administración y al laboratorio farmacéutico arbitrar todas las medidas adecuadas para asegurar que todas las víctimas de la talidomida (todas aquellas que por fecha pudieron estar expuestas al medicamento y presenten un cuadro clínico compatible, sin necesidad de demostrar nada más) reciben una compensación justa y adecuada.  

Se aprueba una indemnización para los afectados

El pasado 4 de julio de 2023 se aprueba un Real Decreto por el que se regula un procedimiento de concesión de nuevas ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1950-1985. Es un paso en la buena dirección a juicio de OCU, pues supone una mejora sobre la situación anterior, al ampliar tanto la ventana temporal (decretos anteriores restringían las ayudas al período 1960-1965) como la cuantía de la indemnización.

El Real Decreto permite acceder a una ayuda que consistirá en un pago único (resultado de multiplicar doce mil euros por cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocida por los organismos competentes), teniendo en cuenta, eso sí, que de su cuantía se deducirán las ayudas recibidas con anterioridad.

Una mejora insuficiente

Este nuevo Real Decreto ha dejado insatisfecha a AVITE, la asociación de víctimas de la talidomida, que además de continuar exigiendo una petición de perdón oficial del Estado a las víctimas reprocha al Gobierno las trabas burocráticas para acceder a la ayuda, y muy especialmente la exigencia de que la persona interesada figure inscrita en el registro Estatal de Enfermedades Raras.

• AVITE pide añadir como alternativa a este requisito el que la persona interesada tenga reconocida en resolución administrativa o judicial su condición de afectado por la talidomida (en sus diferentes posibilidades) o que simplemente disponga de un diagnóstico etiológico emitido por la sanidad pública.
• También solicita que se regule la exención fiscal de las ayudas, tal y como recogía una proposición no de ley aprobada por unanimidad del Congreso en 2016. 

Desde OCU pedimos que se escuche a las víctimas: el paso dado por el Gobierno va en la dirección adecuada, pero se ha perdido una vez más la oportunidad de llegar a una normativa que satisfaga por completo a las víctimas y ponga punto final a su larga lucha y resuelva de forma integral esta injusticia social.

Talidomida, autorizada de nuevo

También aprovechamos para recordar que la talidomida ha sido autorizada de nuevo para el tratamiento de mieloma múltiple en condiciones específicas y dispensada únicamente en farmacia hospitalaria. Debido a la peligrosidad que este medicamento conlleva para el desarrollo de los bebés durante el embarazo, los pacientes candidatos a este tratamiento deben seguir un estricto plan de prevención de embarazos con objeto de evitar que cualquier mujer embarazada se vea expuesta a este medicamento.