Se debería indemnizar a los afectados por talidomida
Duro golpe para las víctimas de la talidomida: según el Tribunal Supremo, su caso ha prescrito. En OCU pensamos que la sentencia no debería impedir que el Estado y el laboratorio indemnizasen a todas las víctimas por las malformaciones causadas. Eso es lo que pedimos.
La talidomida es un medicamento que se usó en España a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta para aliviar las náuseas del embarazo. Su uso provocó graves malformaciones en los bebés nacidos meses después. Fue una tragedia que empujó a los gobiernos a revisar los procesos de evaluación de los medicamentos y a impulsar la farmacovigilancia.
Los afectados españoles de la talidomida acudieron a los tribunales pidiendo justicia y reclamando una indemnización al laboratorio farmacéutico Grünenthal, el fabricante, por las malformaciones causadas. Aunque en primera instancia les fue reconocida una indemnización de 204 millones de euros, la Audiencia Provincial de Madrid anuló el pago de esa indemnización, al considerar que el caso había prescrito. El Tribunal Supremo ha confirmado dicha anulación.
La prescripción, una cuestión controvertida
La sentencia de primera instancia había estimado los argumentos de los demandantes:
- La farmacéutica que patentó la talidomida no habría comprobado su seguridad antes de lanzarla al mercado.
- La compañía representante de Grünenthal en España optó por no informar a los médicos de sus graves efectos.
La talidomida, de hecho, se retiró en Alemania a finales de 1961, pero en España su comercialización estuvo autorizada hasta mayo de 1962. AVITE (la Asociación española de Víctimas de la Talidomida) argumenta que incluso así siguió en el mercado hasta 1965.
Por lo que se refiere a la posible prescripción del delito, esa primera sentencia se acogía a que en este caso existe un daño “continuado”, un daño que sigue en desarrollo; no un daño “consumado”, que aunque sea permanente, terminó en el momento del nacimiento de los bebés.
Esa sentencia afectaba solo a 23 personas, las reconocidas legalmente como víctimas de la talidomida. El laboratorio recurrió, y tanto la Audiencia Provincial como el Supremo considera que el caso había prescrito cuando AVITE presentó en febrero de 2012 su demanda contra Grünenthal.
AVITE seguirá luchando
Grünenthal informa que los afectados tienen la posibilidad de recurrir a la Fundación Contergan, creada por el propio laboratorio tras alcanzar un acuerdo indemnizatorio con las víctimas alemanas en los años 70 y que concede pensiones vitalicias de hasta 7.000 euros mensuales a las víctimas de la talidomida.
Pero según AVITE, de todas las víctimas españolas que han reclamado esas ayudas sólo se le han concedido a tres. Esta organización ya ha anunciado su voluntad de recurrir al Tribunal Constitucional y, si es necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
OCU pide una solución para las víctimas
El escándalo de la talidomida ocurrió en un momento en el que en España no existía conciencia social respecto a la posibilidad de reclamar por los efectos adversos de los medicamentos. Parece claro además que el laboratorio no actuó en nuestro país con la diligencia debida a la hora de informar de las consecuencias de su uso.
OCU considera que ha llegado la hora de resarcir de forma adecuada a las víctimas españolas de la talidomida (cerca de 500, según AVITE). Al margen del proceso judicial, la Administración y el laboratorio farmacéutico deben arbitrar todas las medidas adecuadas para asegurar que todas las víctimas de la talidomida (todas aquellas que por fecha pudieron estar expuestas al medicamento y presenten un cuadro clínico compatible, sin necesidad de demostrar nada más) reciben una compensación justa y adecuada.
Nos parece también éticamente reprochable que un laboratorio de éxito, que en su momento se lucró de la comercialización de la talidomida, se haya empecinado en un largo proceso judicial, añadiendo sufrimiento innecesario a las víctimas. Aunque no nos extraña: un informe sectorial de la Comisión Europea sobre la industria farmacéutica puso de manifiesto hace unos años que su gasto en litigios y marketing es mucho mayor que sus presupuestos para investigación, desarrollo e innovación. Este caso es un ejemplo más.
Más adhesiones
Organizaciones científicas y parlamentos regionales se han sumado a la reclamación de compensación para las víctimas españolas. La Organización Médica Colegial (OMC) presentó en diciembre un informe contundente en el que habla de la sucesión de hechos y la relación causal entre la ingesta de talidomida por las mujeres gestantes y los graves efectos en sus hijos.
La OMC aprecia una actitud negligente de la administración española y de la empresa farmacéutica alemana y acusa a esta última de cometer un “atentado a la dignidad” y una “burla a los derechos humanos” con su negativa a ofrecer reparación a las víctimas españolas.
Españoles y portugueses son los únicos europeos a los que la farmacéutica alemana aún no les ha reconocido su derecho a una reparación justa y amplia. Por ello, la OMC pide al Estado español que reabra de forma permanente el reconocimiento de los casi 500 afectados, ya que el plazo abierto en su momento fue excesivamente corto, y proceda definitivamente a su compensación.
El apoyo de la OMC no es el único. Después de la sentencia del Tribunal Supremo que deja desamparadas a las víctimas, se han sucedido las manifestaciones y muestras de apoyo: el Parlamento español, parlamentos regionales como los de Andalucía y Cataluña, el europeo, y numerosos ayuntamientos y entidades privadas, piden que se dé solución justa y digna a las víctimas.
El argumento de que las actuaciones han prescrito, cuando aún se siguen sufriendo los efectos del fármaco por las víctimas, las deja indefensas ante las consecuencias continuadas del fármaco. En España, la empresa propietaria del fármaco, Grünenthal, todavía no ha rendido cuentas por negligencias y mala fe, y tampoco la Administración ha asumido la responsabilidad por no actuar con la celeridad debida para cesar la comercialización de forma inmediata cuando se conocieron los efectos devastadores de la talidomida sobre el feto.
El Tribunal Supremo considera la posibilidad de reclamaciones futuras si surgen daños no conocidos o se agravan los actuales. Lo que ha quedado claro es que, hoy por hoy, las víctimas de la talidomida siguen abandonadas a su suerte por la Administración y por la empresa que se lucró durante años con la venta de un fármaco que no era para nada seguro durante el embarazo.
En definitiva, en OCU nos sumamos a quienes piden que se reconozca y resuelva de una vez y por todas, de forma integral esta gran injusticia social. OCU apoya plenamente las reivindicaciones de AVITE, la asociación de víctimas de la talidomida, que son: reconocimientos médicos periódicos, ayudas psicológicas, ayudas ortopédicas al 100%, pago de pensiones, beneficios fiscales y una Unidad Médica de Referencia especializada en deformidades por talidomida.
La talidomida es un medicamento que se usó en España a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta para aliviar las náuseas del embarazo. Su uso provocó graves malformaciones en los bebés nacidos meses después. Fue una tragedia que empujó a los gobiernos a revisar los procesos de evaluación de los medicamentos y a impulsar la farmacovigilancia.
Los afectados españoles de la talidomida acudieron a los tribunales pidiendo justicia y reclamando una indemnización al laboratorio farmacéutico Grünenthal, el fabricante, por las malformaciones causadas. Aunque en primera instancia les fue reconocida una indemnización de 204 millones de euros, la Audiencia Provincial de Madrid anuló el pago de esa indemnización, al considerar que el caso había prescrito. El Tribunal Supremo ha confirmado dicha anulación.
La prescripción, una cuestión controvertida
La sentencia de primera instancia había estimado los argumentos de los demandantes:
- La farmacéutica que patentó la talidomida no habría comprobado su seguridad antes de lanzarla al mercado.
- La compañía representante de Grünenthal en España optó por no informar a los médicos de sus graves efectos.
La talidomida, de hecho, se retiró en Alemania a finales de 1961, pero en España su comercialización estuvo autorizada hasta mayo de 1962. AVITE (la Asociación española de Víctimas de la Talidomida) argumenta que incluso así siguió en el mercado hasta 1965.
Por lo que se refiere a la posible prescripción del delito, esa primera sentencia se acogía a que en este caso existe un daño “continuado”, un daño que sigue en desarrollo; no un daño “consumado”, que aunque sea permanente, terminó en el momento del nacimiento de los bebés.
Esa sentencia afectaba solo a 23 personas, las reconocidas legalmente como víctimas de la talidomida. El laboratorio recurrió, y tanto la Audiencia Provincial como el Supremo considera que el caso había prescrito cuando AVITE presentó en febrero de 2012 su demanda contra Grünenthal.
AVITE seguirá luchando
Grünenthal informa que los afectados tienen la posibilidad de recurrir a la Fundación Contergan, creada por el propio laboratorio tras alcanzar un acuerdo indemnizatorio con las víctimas alemanas en los años 70 y que concede pensiones vitalicias de hasta 7.000 euros mensuales a las víctimas de la talidomida.
Pero según AVITE, de todas las víctimas españolas que han reclamado esas ayudas sólo se le han concedido a tres. Esta organización ya ha anunciado su voluntad de recurrir al Tribunal Constitucional y, si es necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
OCU pide una solución para las víctimas
El escándalo de la talidomida ocurrió en un momento en el que en España no existía conciencia social respecto a la posibilidad de reclamar por los efectos adversos de los medicamentos. Parece claro además que el laboratorio no actuó en nuestro país con la diligencia debida a la hora de informar de las consecuencias de su uso.
OCU considera que ha llegado la hora de resarcir de forma adecuada a las víctimas españolas de la talidomida (cerca de 500, según AVITE). Al margen del proceso judicial, la Administración y el laboratorio farmacéutico deben arbitrar todas las medidas adecuadas para asegurar que todas las víctimas de la talidomida (todas aquellas que por fecha pudieron estar expuestas al medicamento y presenten un cuadro clínico compatible, sin necesidad de demostrar nada más) reciben una compensación justa y adecuada.
Nos parece también éticamente reprochable que un laboratorio de éxito, que en su momento se lucró de la comercialización de la talidomida, se haya empecinado en un largo proceso judicial, añadiendo sufrimiento innecesario a las víctimas. Aunque no nos extraña: un informe sectorial de la Comisión Europea sobre la industria farmacéutica puso de manifiesto hace unos años que su gasto en litigios y marketing es mucho mayor que sus presupuestos para investigación, desarrollo e innovación. Este caso es un ejemplo más.
Más adhesiones
Organizaciones científicas y parlamentos regionales se han sumado a la reclamación de compensación para las víctimas españolas. La Organización Médica Colegial (OMC) presentó en diciembre un informe contundente en el que habla de la sucesión de hechos y la relación causal entre la ingesta de talidomida por las mujeres gestantes y los graves efectos en sus hijos.
La OMC aprecia una actitud negligente de la administración española y de la empresa farmacéutica alemana y acusa a esta última de cometer un “atentado a la dignidad” y una “burla a los derechos humanos” con su negativa a ofrecer reparación a las víctimas españolas.
Españoles y portugueses son los únicos europeos a los que la farmacéutica alemana aún no les ha reconocido su derecho a una reparación justa y amplia. Por ello, la OMC pide al Estado español que reabra de forma permanente el reconocimiento de los casi 500 afectados, ya que el plazo abierto en su momento fue excesivamente corto, y proceda definitivamente a su compensación.
El apoyo de la OMC no es el único. Después de la sentencia del Tribunal Supremo que deja desamparadas a las víctimas, se han sucedido las manifestaciones y muestras de apoyo: el Parlamento español, parlamentos regionales como los de Andalucía y Cataluña, el europeo, y numerosos ayuntamientos y entidades privadas, piden que se dé solución justa y digna a las víctimas.
El argumento de que las actuaciones han prescrito, cuando aún se siguen sufriendo los efectos del fármaco por las víctimas, las deja indefensas ante las consecuencias continuadas del fármaco. En España, la empresa propietaria del fármaco, Grünenthal, todavía no ha rendido cuentas por negligencias y mala fe, y tampoco la Administración ha asumido la responsabilidad por no actuar con la celeridad debida para cesar la comercialización de forma inmediata cuando se conocieron los efectos devastadores de la talidomida sobre el feto.
El Tribunal Supremo considera la posibilidad de reclamaciones futuras si surgen daños no conocidos o se agravan los actuales. Lo que ha quedado claro es que, hoy por hoy, las víctimas de la talidomida siguen abandonadas a su suerte por la Administración y por la empresa que se lucró durante años con la venta de un fármaco que no era para nada seguro durante el embarazo.
En definitiva, en OCU nos sumamos a quienes piden que se reconozca y resuelva de una vez y por todas, de forma integral esta gran injusticia social. OCU apoya plenamente las reivindicaciones de AVITE, la asociación de víctimas de la talidomida, que son: reconocimientos médicos periódicos, ayudas psicológicas, ayudas ortopédicas al 100%, pago de pensiones, beneficios fiscales y una Unidad Médica de Referencia especializada en deformidades por talidomida.