Avales del ICO para jóvenes: qué, cuánto y para quién

Objetivo: fomentar el acceso de los más jóvenes a la vivienda

Lo habitual es que los préstamos hipotecarios cubran como mucho el 80% del valor de la vivienda, lo que obliga al comprador a disponer de un dinero que le permita cubrir el resto, más los impuestos y gastos, otros 10 o 15% adicional. Esto dificulta aún más el acceso a la vivienda en propiedad para hogares que cuentan con ingresos, pero no con el ahorro suficiente para poder afrontar la parte que no cubre la hipoteca.

Una línea de crédito para avalar hipotecas

Precisamente con el fin de ayudar a esos usuarios más jóvenes se ha creado una línea de crédito de 2.500 millones de euros destinada a avales para que los jóvenes menores de 35 años y familias con menores a cargo puedan acceder a una hipoteca para la compra de su primera vivienda.

El objetivo de esta medida es que sea el propio Estado, a través del ICO, quien con estos avales de hasta el 20% del importe del crédito aporte la garantía suficiente al banco para que puedan conceder la hipoteca.

Condiciones de acceso a los avales del Estado

Las condiciones anunciadas por el Ministerio de la Vivienda son:

• Los compradores deben ser personas físicas y mayores de edad, con residencia legal en España durante los dos años anteriores a la solicitud del préstamo.
• Los ingresos individuales no pueden superar los 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el IPREM). En el caso de que la vivienda sea adquirida por dos personas, el límite de ingresos se elevará al doble.
• Ese límite se incrementará en 0,3 veces el IPREM (2.520 euros brutos anuales) por cada menor a cargo y, además, en el caso de familia monoparental el límite se podrá incrementar en un 70% adicional.
• El límite de patrimonio del avalado será como máximo de 100.000 euros.
• No podrán acogerse a esta línea de avales quienes ya sean propietarios de otra vivienda, salvo que:
  • El derecho de propiedad recaiga sobre una parte alícuota de la vivienda y esta se haya obtenido por herencia o transmisión mortis causa sin testamento.
  • Se trate de personas que, siendo titulares de una vivienda, acrediten su no disponibilidad por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad, o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de las personas que formen parte de su unidad de convivencia.
• El aval se podrá mantener dentro de los límites establecidos en el convenio siempre que sea la vivienda habitual del beneficiario.

Plazos y cuantía del aval

• El ICO avalará hasta el 20% del importe del crédito, pero se podrá avalar hasta el 25% si la vivienda adquirida dispone de una calificación energética D o superior.
• El plazo del aval otorgado por el Ministerio a la entidad financiera y gestionado por el ICO será de un máximo de 10 años desde que se formalice la operación, con independencia de la amortización del préstamo.
• El plazo para formalizar los préstamos que se acojan a esta línea de avales finalizará el 31 de diciembre de 2025. Este plazo podrá ampliarse dos años más.
• En el convenio entre el ICO y el Ministerio se establecerá un límite máximo de precio de venta o tasación de la vivienda, que podrá fijarse en función del ámbito territorial, pudiendo ser modificado por acuerdo de la comisión de seguimiento.

Buenas intenciones, medida insuficiente

Sobre el papel parece una buena iniciativa... pero en la práctica serán pocos los jóvenes que puedan acogerse a esta medida. Los topes de ingresos y de cuantía del aval hacen que en la condiciones actuales de mercado haya poco compradores y una oferta suficiente para que la medida sea efectiva y tenga incidencia en el mercado.  Por todo ello desde OCU pedimos a las administraciones que acometan un plan más ambicioso y realista de vivienda asequible, que pasa por:

• La aprobación de un presupuesto suficiente para la construcción de miles de viviendas de protección pública en alquiler, de promoción pública y privada.
• Facilitar la disponibilidad de suelo edificable.
• Promover la ampliación del parque público de vivienda, con ayudas a la reforma y rehabilitación de viviendas  que sean aportadas a bolsas de alquiler público.
• Recuperar la seguridad jurídica de los arrendadores, otorgando medios a la Justicia para una resolución justa y rápida de los conflictos.
• Dotar de medios suficientes a los Servicios Sociales para que puedan atender a todos los casos de necesidad real de vivienda, de manera que el Estado haga frente a su obligación constitucional de garantizar una vivienda digna para todos.