Pedimos una reforma urgente del bono social
En OCU queremos que el bono social se convierta en una auténtica tarifa social para los consumidores, y por ello urgimos a que se emprenda cuanto antes su reforma. La pésima regulación del sector eléctrico tiene negativas consecuencias para los consumidores.
El Tribunal Supremo estimó el recurso de ENDESA y VIESGO contra el Real Decreto que regulaba el régimen de financiación del Bono social, que hasta ahora financiaban las grandes empresas de electricidad integradas verticalmente. En la práctica, la aplicación de las sentencias supone la devolución de aproximadamente 360 millones de euros a las compañías eléctricas.
Las sentencias cuestionan la forma en que el Gobierno ha desarrollado el sistema de financiación del bono social y el reparto que se realiza entre los mismos. Señalamos que no se cuestiona que sean las empresas del sector las que tengan que asumir el coste de financiación del bono social en España, ya que la normativa europea recoge de forma expresa que en “aras del interés general” sean las empresas que obtienen beneficios en el sector las que financien las obligaciones de servicio público. Por ello se han de revisar los criterios de reparto para que cumplan los criterios de transparencia, no discriminación y garanticen la igualdad entre las empresas, pero de forma que al mismo tiempo se garanticen unas condiciones adecuadas de competencia.
Este tipo de sentencias ponen de manifiesto una vez más la pésima regulación del sector eléctrico que tienen consecuencias muy negativas para los consumidores.
El bono social debe ser la auténtica tarifa social
En OCU creemos que es necesaria una reforma urgente del bono social para que se adecúe a los criterios que establece la normativa europea y que a juicio del Tribunal Supremo no cumple la normativa española.
Está reforma debe evitar el riesgo de que sean los consumidores quienes asuman una vez más su financiación mediante los peajes.
Además de la financiación consideramos que es urgente una reforma de las condiciones de acceso al bono social, de forma que llegue a todos los consumidores que se encuentran en una situación precaria. Denunciamos que el actual bono social no cumple esa función. A modo de ejemplo según los últimos datos de la CNMC, sólo 70.000 familias con todos sus miembros en paro acceden al 25% de descuento del bono social, frente al 1.438.000 de hogares que según el INE se encuentran en esa situación.
Por ello pedimos al Gobierno que aproveche la necesaria reforma del bono social para crear una autentica tarifa social basada en la renta para combatir la pobreza energética en España.
Además. deben adoptarse otras medidas para prevenir y tratar las situaciones de pobreza energética, que afectan a miles de familias: es necesario que la administración tome cartas en el asunto.
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