Procesos desesperadamente largos
Si tienes que reclamar contra tu ayuntamiento, Hacienda, la sanidad pública o cualquier otra Administración pública, prepárate: te va a costar mucho dinero, vas a tener enfrente a abogados especializados en la materia y el proceso puede eternizarse.
La falta de medios es, desde tiempos atrás, el principal motivo de la lentitud de los procesos judiciales. Lejos de mejorar, en los últimos años los procesos contencioso-administrativos se han prolongado. En 2012 los procesos duraban de media:
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13, 6 meses en los juzgados de lo contencioso-administrativo.
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24,6 meses en los Tribunales Superiores de Justicia.
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19,9 meses en la Audiencia Nacional.
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16,5 meses en el Tribunal Supremo.
En algunas comunidades autónomas los procesos son interminables: no es raro que una demanda en primera instancia tarde en resolverse de 2,5 a 3 años y un recurso de casación... ¡hasta diez años!
Y cuando, por fin, ya tenemos la sentencia que nos da la razón, nos encontramos con otro muro: la ejecución de la sentencia. La Administración no paga porque no tiene partida presupuestaria. Y tampoco se la puede embargar... Solo en el caso de que sea mucho lo que está en juego podría interesar seguir pagando a un abogado para que continúe defendiendo tus derechos.
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