¿Dónde nos informamos sobre consumo responsable?
Antes de consumir un producto, los españoles valoramos una serie de aspectos éticos, tales como la reducción del impacto ambiental, y además penalizamos o premiamos a las empresas en función de su comportamiento.
Tras realizar una encuesta a usuarios españoles sobre consumo responsable, en la OCU hemos llegado a la conclusión de que uno de los principales problemas a la hora de aplicar criterios éticos a nuestra forma de consumir es la falta de información creíble. Las empresas intentan “vendernos” que son responsables y la información que manejan los ciudadanos está influenciada por gran cantidad de factores e intereses.
Por todo esto, hemos preguntado a los encuestados sobre dónde consiguen información sobre el impacto ecológico de productos y servicios y el comportamiento social, económico y medioambiental de las empresas.
Preferencias de los españoles
“Internet” y los “medios de comunicación” aparecen como las fuentes de información más prevalentes (84%). Las “asociaciones de consumidores” (3 de cada 4 encuestados), y “familiares y amigos” (69%) son también bastante populares, al igual que las ONG (65%). Por otro lado, Organizaciones Internacionales (como la UE o Naciones Unidas), las mismas empresas o distribuidoras, los sindicatos y los poderes públicos se mueven alrededor del 50 %.
¿De quién se fían los usuarios?
Resulta cuanto menos curioso observar que los sindicatos, los poderes públicos y las mismas empresas son las fuentes en las que menos confían los encuestados. Las ONG y las asociaciones de consumidores aparecen como las más fiables.
| Asociaciones de consumidores | 7,0 |
| ONG | 6,9 |
| A través de familiares y amigos | 6,4 |
| Información en Internet | 6,1 |
| Medios de comunicación (periódicos, televisión, radio) | 5,1 |
| Organizaciones internacionales (EU, Naciones Unidas...) | 4,9 |
| De las empresas o distribuidores/en el punto de venta | 4,4 |
| Poderes públicos | 3,3 |
| Sindicatos | 3,1 |
Los españoles no somos los únicos en considerar a las autoridades públicas como poco fiables en estas cuestiones: la misma encuesta se llevó también a cabo en otros países (Bélgica, Brasil e Italia), y comprobamos que en mayor o menor medida, las instituciones públicas ocuparon en todos los países los puestos de cola. No obstante, comparando España con el resto, somos los participantes de la encuesta que menos confiamos en las fuentes oficiales de información.
La falta de control influye en la credibilidad
Existen múltiples lecturas que se pueden hacer de estos resultados, pero en principio parece ser que los encuestados consideran que los poderes públicos no son independientes de intereses comerciales y empresariales.
No hace falta rebuscar mucho para encontrar ejemplos de dudosa transparencia, como el control del sector financiero o la gestión que se ha hecho de fraudes de consumo; sin ir más lejos, el caso de la carne de caballo, en el que las administraciones no han actuado a nuestro parecer con la diligencia debida. Y es que los españoles no están muy satisfechos con las actividades de control que realizan los poderes públicos a las actividades de las empresas; el 64% de los encuestados considera que no están haciendo un buen trabajo a la hora de vigilarr el comportamiento de las empresas.
Tras realizar una encuesta a usuarios españoles sobre consumo responsable, en la OCU hemos llegado a la conclusión de que uno de los principales problemas a la hora de aplicar criterios éticos a nuestra forma de consumir es la falta de información creíble. Las empresas intentan “vendernos” que son responsables y la información que manejan los ciudadanos está influenciada por gran cantidad de factores e intereses.
Por todo esto, hemos preguntado a los encuestados sobre dónde consiguen información sobre el impacto ecológico de productos y servicios y el comportamiento social, económico y medioambiental de las empresas.
Preferencias de los españoles
“Internet” y los “medios de comunicación” aparecen como las fuentes de información más prevalentes (84%). Las “asociaciones de consumidores” (3 de cada 4 encuestados), y “familiares y amigos” (69%) son también bastante populares, al igual que las ONG (65%). Por otro lado, Organizaciones Internacionales (como la UE o Naciones Unidas), las mismas empresas o distribuidoras, los sindicatos y los poderes públicos se mueven alrededor del 50 %.
¿De quién se fían los usuarios?
Resulta cuanto menos curioso observar que los sindicatos, los poderes públicos y las mismas empresas son las fuentes en las que menos confían los encuestados. Las ONG y las asociaciones de consumidores aparecen como las más fiables.
| Asociaciones de consumidores | 7,0 |
| ONG | 6,9 |
| A través de familiares y amigos | 6,4 |
| Información en Internet | 6,1 |
| Medios de comunicación (periódicos, televisión, radio) | 5,1 |
| Organizaciones internacionales (EU, Naciones Unidas...) | 4,9 |
| De las empresas o distribuidores/en el punto de venta | 4,4 |
| Poderes públicos | 3,3 |
| Sindicatos | 3,1 |
Los españoles no somos los únicos en considerar a las autoridades públicas como poco fiables en estas cuestiones: la misma encuesta se llevó también a cabo en otros países (Bélgica, Brasil e Italia), y comprobamos que en mayor o menor medida, las instituciones públicas ocuparon en todos los países los puestos de cola. No obstante, comparando España con el resto, somos los participantes de la encuesta que menos confiamos en las fuentes oficiales de información.
La falta de control influye en la credibilidad
Existen múltiples lecturas que se pueden hacer de estos resultados, pero en principio parece ser que los encuestados consideran que los poderes públicos no son independientes de intereses comerciales y empresariales.
No hace falta rebuscar mucho para encontrar ejemplos de dudosa transparencia, como el control del sector financiero o la gestión que se ha hecho de fraudes de consumo; sin ir más lejos, el caso de la carne de caballo, en el que las administraciones no han actuado a nuestro parecer con la diligencia debida. Y es que los españoles no están muy satisfechos con las actividades de control que realizan los poderes públicos a las actividades de las empresas; el 64% de los encuestados considera que no están haciendo un buen trabajo a la hora de vigilarr el comportamiento de las empresas.