Peticiones de OCU en materia de vivienda

8 Medidas prioritarias para los consumidores

Creación de un parque público de vivienda en alquiler acorde a las necesidades

El precio medio de la vivienda en la inmensa mayoría de los municipios españoles resulta inasequible para cientos de miles de hogares en nuestro país y para cientos de miles de jóvenes que aspiran a emanciparse. Es preciso invertir en la creación de un parque público de vivienda en alquiler, suficientemente grande como para dar respuesta a estas necesidades. No solo a través de nueva construcción sino también mediante adquisición de inmuebles existentes y la reafectación de edificios públicos en desuso. Pedimos que los planes estatales de vivienda sean ambiciosos y, sobre todo, que cada comunidad autónoma y cada ayuntamiento firme un compromiso de ampliación del parque público en su ámbito respectivo en el periodo 2023-2027.

Favorecer la ampliación de la oferta de vivienda en alquiler aportando seguridad jurídica 

Para bajar el precio del alquiler, los arrendadores deben saber que en caso de impago u ocupación podrán recuperar la vivienda en el mejor plazo posible. Hay que dotar de medios tanto a la Justicia como a los Servicios sociales, para que se resuelvan las situaciones de necesidad, dando una alternativa social digna y rápida a los inquilinos que lo precisen. La compensación a arrendadores afectados por suspensiones de desahucios debe ser ágil y efectiva.

Aprobar ayudas públicas para hogares afectados por la escalada del Euribor

Ayudas públicas puntuales para hogares con necesidades económicas agravadas por la escalada del Euribor en hipotecas a tipo variable para compra de vivienda habitual. Facilitar los acuerdos con entidades bancarias para reducir cuotas mediante la ampliación de plazos o concesión de moratorias.

Creación de una Oficina de vivienda autonómica

Una oficina que esté dotada de medios y que intervenga en la resolución de conflictos.

Pedimos que los usuarios tengan una puerta clara a la que acudir, que ahora no existe o es totalmente ineficaz. En problemas entre particulares y empresas inmobiliarias, constructoras o promotoras, la Oficina podrá intervenir aplicando la normativa correspondiente de Vivienda y Consumo, dictando resoluciones y eventualmente sanciones frente a conductas ilegales o abusivas, que también deberá controlar de oficio. En conflictos entre particulares, puede articularse una mediación, facilitando así la resolución de conflictos y reduciendo la judicialización en materia de vivienda.

Transparencia en la intermediación del alquiler y la compra-venta

Proponemos la creación de un registro de agentes inmobiliarios en todas las CCAA. El ejercicio de la profesión está liberalizado pero una correcta protección del usuario necesita que los agentes estén debidamente identificados, con una dirección real, cubiertos por un seguro de responsabilidad civil de cuantía consecuente y un seguro de caución por las cantidades recibidas en anticipo. Que estén adheridos a un código de conducta que garantice el respeto a la legalidad y a las buenas prácticas comerciales.

Revisión de los procedimientos urbanísticos

Se trata de revisar los procesos, para agilizar la promoción evitando retrasos e ineficiencias que inflan el precio de la vivienda final. Con pleno respecto a la legalidad y a la calificación de los terrenos, urge modernizar el sistema de planificación urbanística y el de gestión, de modo que las promociones y las obras acordes a la legalidad puedan desarrollarse con transparencia y seguridad jurídica en los mejores plazos posibles y sin trabas burocráticas que den pie a la arbitrariedad y a la corrupción. Agilizar la tramitación de las licencias por los ayuntamientos.

Plazos de recuperación del inmueble más cortos en caso de ocupación

Instaurar un sistema similar al previsto en países de nuestro entorno europeo, donde la recuperación de la vivienda ocupada sea lo más inmediato posible en un plazo de 48 horas. Es una protección básica del derecho de propiedad privada que contribuirá también a una mayor seguridad jurídica y a una mayor oferta de pisos en alquiler. Las necesidades de vivienda por personas necesitadas deben resolverse con el apoyo ya comentado de los servicios sociales y con la existencia un parque público de vivienda bien dimensionado.

Medidas para agilizar la mejora de la eficiencia de las viviendas

Que permitan acceder de forma eficaz a las ayudas y faciliten las obras necesarias para la mejora de la eficiencia.