El Gobierno debe pensar en los enfermos de hepatitis C y no en las farmacéuticas
Un nuevo fármaco funciona para algunos enfermos de hepatitis C. El Gobierno debe dar prioridad a los 6.500 pacientes que lo necesitan urgentemente y no ceder ante el chantaje de un laboratorio que pretende cobrar 43.500 euros por cada tratamiento.
El laboratorio estadounidense Gilead tiene en su poder un nuevo fármaco, Sovaldi, que resulta especialmente válido para ciertos grupos de enfermos de hepatitis C.
El tratamiento se compone de un comprimido diario durante 12 semanas (más otros medicamentos con los que forzosamente debe combinarse).
El Ministerio de Sanidad está negociando con este laboratorio, que pide cifras aberrantes:
- el Estado tendría que desembolsar 43.500 euros por cada paciente (no todo para Sovaldi sino contando también los medicamentos complentarios necesarios).
Lo que Gilead olvida
Acusado de aprovecharse del sufrimiento de los enfermos, el laboratorio se defiende alegando que necesita dinero para cubrir los gastos de investigación.
Hay 3 grandes pegas a este argumento:
- 1. El coste de producción se calcula que ronda los 100 euros por tratamiento.
- 2. Parte de la investigación que ha llevado hasta el nuevo fármaco se hizo en centros públicos y no privados.
- 3. Gilead no ha desarrollado el fármaco. Lo hizo otro laboratorio (Pharmasset) que ha sido absorbido por Gilead. Con los precios que piden, Gilead tardaría menos de 1 año en cubrir lo que costó la compra de Pharmasset.
No valen excusas ni retrasos
Sovaldi aporta ventajas manifiestas en la lucha contra la hepatitis C en aquellos pacientes con complicaciones que no permiten el uso de medicamentos clásicos.
En España hay unas 900.000 personas que en algún momento han estado infectadas de hepatitis C. De estos, en torno al 20% se ha curado espontáneamente. En el resto predominan aquellos que tienen hepatitis C sin síntomas (y en la mayoría de casos sin saber que la tienen).
En los casos diagnosticados y con complicaciones no hay ninguna excusa para no darles de inmediato el tratamiento con Sovaldi. Así ocurre con los 6.500 pacientes con cirrosis descompensada, que tienen una alta probabilidad de morirse si no se acaba con el virus.
Gobiernan los ciudadanos, no las farmacéuticas
Los gobiernos no pueden seguirle el juego a las farmacéuticas. De ellos se espera que defiendan a sus ciudadanos, asegurando el acceso de la población a los medicamentos necesarios.
Evidentemente el Gobierno debe velar por la sostenibilidad del sistema sanitario, pero debe presionar con su gran capacidad de compra para negociar precios razonables.
Esta actitud nada tiene que ver con arrodillarse ante las farmacéuticas y aceptar cualquier cifra que pidan.
En Egipto, por ejemplo, el Gobierno se negó y Gilead ha aceptado un precio de unos 900 euros por tratamiento. En India han dado un paso más allá y piensan fabricar un genérico.
En una Europa verdaderamente unida los Estados podrían hacer compras centralizadas de los nuevos fármacos y ser aun más fuertes en su capacidad de negociación (e incluso promover la fabricación de genéricos en caso de necesidad).
Ante los chantajes, transparencia
El gasto en medicamentos golpea de lleno a la sostenibilidad del sistema sanitario español. Por eso es crucial que los fármacos tengan precios racionales. Los pacientes no pueden ser rehenes de laboratorios que fijan precios desorbitados.
La transparencia es un paso esencial para saber cómo se están gastando los recursos públicos.
OCU continúa con su campaña en favor de la transparencia hospitalaria y va a pedir una entrevista al Ministerio de Sanidad para comunicarle su preocupación sobre este caso y otros similares.
El laboratorio estadounidense Gilead tiene en su poder un nuevo fármaco, Sovaldi, que resulta especialmente válido para ciertos grupos de enfermos de hepatitis C.
El tratamiento se compone de un comprimido diario durante 12 semanas (más otros medicamentos con los que forzosamente debe combinarse).
El Ministerio de Sanidad está negociando con este laboratorio, que pide cifras aberrantes:
- el Estado tendría que desembolsar 43.500 euros por cada paciente (no todo para Sovaldi sino contando también los medicamentos complentarios necesarios).
Lo que Gilead olvida
Acusado de aprovecharse del sufrimiento de los enfermos, el laboratorio se defiende alegando que necesita dinero para cubrir los gastos de investigación.
Hay 3 grandes pegas a este argumento:
- 1. El coste de producción se calcula que ronda los 100 euros por tratamiento.
- 2. Parte de la investigación que ha llevado hasta el nuevo fármaco se hizo en centros públicos y no privados.
- 3. Gilead no ha desarrollado el fármaco. Lo hizo otro laboratorio (Pharmasset) que ha sido absorbido por Gilead. Con los precios que piden, Gilead tardaría menos de 1 año en cubrir lo que costó la compra de Pharmasset.
No valen excusas ni retrasos
Sovaldi aporta ventajas manifiestas en la lucha contra la hepatitis C en aquellos pacientes con complicaciones que no permiten el uso de medicamentos clásicos.
En España hay unas 900.000 personas que en algún momento han estado infectadas de hepatitis C. De estos, en torno al 20% se ha curado espontáneamente. En el resto predominan aquellos que tienen hepatitis C sin síntomas (y en la mayoría de casos sin saber que la tienen).
En los casos diagnosticados y con complicaciones no hay ninguna excusa para no darles de inmediato el tratamiento con Sovaldi. Así ocurre con los 6.500 pacientes con cirrosis descompensada, que tienen una alta probabilidad de morirse si no se acaba con el virus.
Gobiernan los ciudadanos, no las farmacéuticas
Los gobiernos no pueden seguirle el juego a las farmacéuticas. De ellos se espera que defiendan a sus ciudadanos, asegurando el acceso de la población a los medicamentos necesarios.
Evidentemente el Gobierno debe velar por la sostenibilidad del sistema sanitario, pero debe presionar con su gran capacidad de compra para negociar precios razonables.
Esta actitud nada tiene que ver con arrodillarse ante las farmacéuticas y aceptar cualquier cifra que pidan.
En Egipto, por ejemplo, el Gobierno se negó y Gilead ha aceptado un precio de unos 900 euros por tratamiento. En India han dado un paso más allá y piensan fabricar un genérico.
En una Europa verdaderamente unida los Estados podrían hacer compras centralizadas de los nuevos fármacos y ser aun más fuertes en su capacidad de negociación (e incluso promover la fabricación de genéricos en caso de necesidad).
Ante los chantajes, transparencia
El gasto en medicamentos golpea de lleno a la sostenibilidad del sistema sanitario español. Por eso es crucial que los fármacos tengan precios racionales. Los pacientes no pueden ser rehenes de laboratorios que fijan precios desorbitados.
La transparencia es un paso esencial para saber cómo se están gastando los recursos públicos.
OCU continúa con su campaña en favor de la transparencia hospitalaria y va a pedir una entrevista al Ministerio de Sanidad para comunicarle su preocupación sobre este caso y otros similares.