Los derechos del paciente

Cualquier ciudadano puede solicitar en los centros del Sistema Nacional de Salud la carta de servicios donde se recoge toda la información sobre prestaciones, derechos y obligaciones de los pacientes, según lo que establezca la comunidad autónoma que corresponda (www.nsc.es/ciudadanos/prestaciones/home.htm).

Todo paciente tiene derecho a conocer su estado de salud, a recibir una información clara y en un lenguaje sencillo, que pueda entender sin dudas, y que le facilite tomar decisiones sobre su salud. También tiene derecho a pedir al médico una copia de su historia clínica; aunque los médicos que han participado en su elaboración pueden igualmente solicitar que no aparezcan sus anotaciones de carácter subjetivo.

Determinadas intervenciones, como una operación o un procedimiento terapéutico invasor, precisan de un consentimiento por escrito firmado por el paciente. Con este documento se asumen las consecuencias y riesgos de una intervención o tratamiento, pero ello no exime al médico de su responsabilidad en caso de negligencia: si se produce un daño efectivo, el paciente siempre podrá reclamar y exigir una indemnización. Sea como sea, los profesionales sanitarios están obligados a disponer de un seguro de responsabilidad civil que les cubra en caso de que tengan que afrontar una indemnización.

Los familiares pueden hacerlo por el paciente si no se siente capacitado, si está incapacitado legalmente, o si es menor de edad. Además, cualquier persona puede dejar constancia de su deseo en cuanto a los cuidados de su salud en un documento de instrucciones previas o un testamento vital. En este escrito se pueden plantear instrucciones por ejemplo sobre el destino deseado para los restos mortales o la donación de órganos, e incluso designar un representante para las cuestiones sanitarias.

Todos los profesionales sanitarios tienen la responsabilidad de poner todos los medios a su alcance para curar al enfermo. Aunque la ley no obliga en cuanto a los resultados, en algunos supuestos se entiende que sí existe dicha obligación, y además se refuerza el deber de informar al paciente sobre los riesgos de la intervención, y de obtener el consentimiento informado del paciente.

En caso de producirse un daño, normalmente es el paciente quien tiene que demostrar las secuelas producidas y la culpabilidad del médico, excepto si la lesión es tan desproporcionada en relación con la intervención que es el propio sanitario quien tiene que demostrar que ha actuado correctamente.

Lo mejor es llegar a un acuerdo amistoso y evitar los tribunales, ya que en casos graves necesitará un buen servicio jurídico. En caso de lesión grave, existen algunas pólizas de salud privadas que pueden ayudarle en la defensa jurídica y reclamación de daños, pero algunas excluyen expresamente estos servicios. Si no dispone de seguro médico que ofrezca esa cobertura, solicite ayuda a un abogado especializado. Lo principal es que un perito médico valore las lesiones y acredite el daño.

Para un daño leve producido en un centro público, solicite el Libro de Reclamaciones o reclame ante el Servicio de Atención al Paciente del centro del que se trate, y al de la comunidad autónoma que corresponda.

Las indemnizaciones están exentas de impuestos sólo cuando las determina un juez. Por eso, si se llega a un acuerdo amistoso, es mejor que quede recogido en un acto de conciliación judicial para no tener que pagar impuestos.