Denuncia OCU a Volkswagen: últimas informaciones
Una de cal y otra de arena para los afectados por el escándalo del Dieselgate cuyos intereses OCU está defendiendo, el juez ha fijado Audiencia previa para el próximo 7 de octubre, con lo que las cosas empiezan a moverse. Lamentablemente, la denuncia administrativa ha sido desestimada.
Audiencia previa el 7 de octubre
El Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Madrid ha resuelto de manera definitiva y dando la razón a OCU, para que sean los juzgados de la ciudad de Madrid y no los de Barcelona (como pretendía Volkswagen solo para dilatar el proceso) los que resuelvan este asunto.
El juzgado ha citado a las partes a la audiencia previa el día 7 de octubre de 2019 en la sede judicial. En esta vista entre el Grupo Volkswagen y los representados por OCU, el Juez instará a las partes a que lleguen a un acuerdo y se resolverán otros temas formales del proceso.
La denuncia administrativa, archivada
La Agencia Catalana de Consumo ha decidido archivar la denuncia administrativa que presentamos contra Volkswagen, porque considera que no hay infracción en materia de protección de las personas consumidoras.
En su comunicación nos indican que tras analizar la documentación, las pruebas y los informes diversos a los que han tenido acceso, así como las alegaciones del fabricante, indican que las emisiones de NOx no pueden tener la consideración de elemento determinante en el acto de consumo, dado que en el momento de la venta no era obligatorio facilitar la información mencionada y por tanto no se ha cometido infracción alguna por la compañía automovilística. También añaden que el fabricante ha acreditado las medidas correctoras para arreglar el problema con el objetivo de subsanar el vicio reconocido.
Asimismo, desde la Agencia indican en su escrito que las modificaciones de software no afectan en absoluto al rendimiento ni a las prestaciones de los vehículos. No obstante, dejan abierta la vía para depurar las responsabilidad administrativa o de otra naturaleza que pueda derivarse de la falsedad reconocida en la obtención de la correspondiente homologación de los vehículos y posibles efectos lesivos para el medio ambiente.