Años después de que estallara el escándalo de las emisiones, el Dieselgate, por fin OCU y Volkswagen se ven las caras en los tribunales. Tras un intento fallido de conciliación, se ha celebrado la audiencia previa. Como era de esperar, no se ha llegado a un acuerdo que ponga fin al proceso, y el juez ha establecido que el juicio tendrá lugar el próximo 17 de febrero de 2020. 

OCU representa en tribunales a más de 7.500 usuarios de vehículos del grupo Volkswagen afectados por el escándalo de las emisiones de sus vehículos diésel. Para ellos exigimos indemnizaciones por los daños y perjuicios causados: las compensaciones que pedimos rondan los 3.000 euros por afectado, más de 22 millones de euros en total.

Tras la decisión de la Agencia Catalana de Consumo de desestimar la denuncia administrativa contra Volkswagen, y el traslado de las acciones penales a Alemania, la civil es la única vía posible para que los afectados reciban las compensaciones a las que tienen derecho.

Los usuarios europeos, discriminados

Como hemos venido denunciando desde el primer momento, la actitud del grupo Volkswagen es claramente reprochable: a diferencia de lo que ha sucedido en Estados Unidos o Australia, donde se ha accedido a negociar y buscar soluciones para los afectados, ignora a los consumidores europeos, no dejando más salida que el recurso a tribunales.

Además, la compañía ha usado todas las estrategias a su alcance para obstaculizar las pretensiones de los afectados, dilatando hasta el límite los procesos… y mucho nos tememos que seguirán haciéndolo, en la medida de sus posibilidades.

OCU busca una solución para los afectados en España

Demandas similares a la presentada por OCU contra Volkswagen se han planteado en otros países europeos y esperamos sentencias favorables a los intereses de los consumidores. ¿Llegará por fin el turno de los afectados de nuestro país? Desde OCU lamentamos la inacción de las distintas administraciones españolas, y confiamos en que finalmente se haga justicia y se reconozcan los derechos de los más de 7.500 consumidores representados por OCU.

Una vez más, el largo plazo en la resolución del procedimiento pone de manifiesto la necesidad de una reforma de la ley que agilice las acciones colectivas en los casos de fraudes masivos, como el lamentable Dieselgate.