Carta abierta de OCU al Ministro de Sanidad
Sra. Dª Ana Mato Adrover
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Paseo del Prado 18-20
28071 Madrid (España)
Madrid 7 de Abril de 2014
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) es una asociación privada, independiente y sin ánimo de lucro, que tiene como fin promover y defender los intereses de los consumidores, así como resolver sus problemas y ayudarles a ejercer sus derechos. Para ello edita diversas publicaciones sobre temas de consumo, (OCU-Compra Maestra, Dinero y Derechos y OCU-Salud) dirigidas a sus más de 300.000 socios.
La larga crisis económica que viene sufriendo nuestro país ha tenido serias consecuencias para los ciudadanos que se han visto abocados a realizar importantes sacrificios. En el ámbito de la Salud, la crisis ha tenido como efecto una reducción importante del gasto de las Administraciones, lo que ha supuesto para los ciudadanos una reducción y encarecimiento de los servicios que reciben con un importante impacto en la equidad y el acceso a la asistencia sanitaria.
En ese contexto, es difícil de entender cómo a la vez que se toman medidas para reducir el gasto público farmacéutico como el copago de los pensionistas, persistan comportamiento que auspician el derroche y el despilfarro de los recursos públicos en materia de sanidad.
Nos referimos en concreto al uso de LUCENTIS y AVASTIN en el tratamiento de la Degeneración Macular Húmeda Asociada a la Edad (DMAE), una enfermedad que en España sufren más de 200.000 personas y que para su tratamiento requiere en un porcentaje significativo de casos la utilización de los medicamentos antes mencionados con un coste farmacéutico muy elevado.
LUCENTIS, fabricado en Europa por los laboratorios Novartis, es un medicamento expresamente autorizado para el tratamiento de la degeneración macular. AVASTIN, fabricado en Europa por Roche, es un medicamento más antiguo, cuyo principio activo es muy similar al de LUCENTIS, que se utiliza en el tratamiento del cáncer de colon pero que no tiene entre sus indicaciones expresamente autorizadas el tratamiento de la degeneración macular.
Sin embargo la evidencia científica acumulada tras su uso durante años ha puesto de manifiesto que ambos fármacos presentan un perfil beneficio/riesgo similar para el tratamiento de la degeneración macular.
Si bien la eficacia y seguridad es parecida, la diferencia del coste del tratamiento con uno u otro fármaco es abismal. Mientras el coste anual de un paciente tratado con AVASTIN puede llegar a ser -en función de la pauta utilizada- de 97,70 euros, el coste de un paciente tratado con LUCENTIS puede alcanzar los 9.580,66 euros, prácticamente cien veces más. A juicio de OCU es inadmisible que se esté prescribiendo un medicamento equivalente mucho más caro sin una justificación razonable y convincente. Según los cálculos de la OCU la diferencia entre utilizar un medicamento y otro puede suponer un coste adicional de un millón de euros por cada 100 pacientes. Utilizar el fármaco más barato en todos los tratamientos de la degeneración macular húmeda en España podría suponer un ahorro cercano a los 200 millones de euros al año.
La razón fundamental de esa falta de autorización de AVASTIN para tratar la degeneración macular es el desinterés del laboratorio por solicitarla. Esa falta de interés puede tener una clara motivación económica e ilegal.
En efecto, el pasado 6 de marzo la Autoridad Italiana de la Competencia impuso una sanción a las citadas compañías farmacéuticas de 182,5 millones de euros por haber constituido un cártel con el objetivo de que no se comercializara el medicamento más barato para tratar la degeneración macular húmeda. La autoridad italiana constató que la actuación ilegal de estas compañías supuso un quebranto al Sistema Nacional de Salud de Italia de alrededor de 45 millones de euros solo en 2012.
En España, como en el resto de países de nuestro entorno, no hay una autorización para el uso de AVASTIN en el tratamiento de la degeneración macular. Lo que supone un serio obstáculo para su utilización generalizada en todo en el territorio nacional y esto a juicio de OCU afecta de forma grave a la equidad y a los principios de economía y eficacia en el gasto público que establece la Constitución Española.
Se llega a dar la paradoja de que distintas Comunidades Autónomas (como Castilla La Mancha, la Comunidad Valenciana o Madrid) han establecido protocolos de uso de AVASTIN fuera de indicación que permiten un ahorro significativo en el gasto sanitario.
En la situación actual es fácil comprender que los ciudadanos no entiendan cómo los servicios públicos de salud pueden estar pagando un medicamento a un coste casi cien veces superior a otro con el mismo nivel de eficacia y seguridad.
Por todo ello desde OCU le pedimos que de forma urgente:
- Tome las medidas necesarias para que en todo el territorio nacional se permita el uso común del medicamento más eficiente.
- Promueva la actuación tanto de su propio Ministerio y las autoridades de competencia que determine la existencia de responsabilidades por los posibles perjuicios causados al erario público.
- Se tomen las medidas necesarias para garantizar el uso racional de los medicamentos por parte de la totalidad del sistema de salud.
Esperamos que su decidida y firme actuación evite este despilfarro y derroche de los recursos públicos que causa una profunda indignación entre los ciudadanos.
Carlos Sánchez-Reyes de Palacio
Presidente de la OCU
Sra. Dª Ana Mato Adrover
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Paseo del Prado 18-20
28071 Madrid (España)
Madrid 7 de Abril de 2014
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) es una asociación privada, independiente y sin ánimo de lucro, que tiene como fin promover y defender los intereses de los consumidores, así como resolver sus problemas y ayudarles a ejercer sus derechos. Para ello edita diversas publicaciones sobre temas de consumo, (OCU-Compra Maestra, Dinero y Derechos y OCU-Salud) dirigidas a sus más de 300.000 socios.
La larga crisis económica que viene sufriendo nuestro país ha tenido serias consecuencias para los ciudadanos que se han visto abocados a realizar importantes sacrificios. En el ámbito de la Salud, la crisis ha tenido como efecto una reducción importante del gasto de las Administraciones, lo que ha supuesto para los ciudadanos una reducción y encarecimiento de los servicios que reciben con un importante impacto en la equidad y el acceso a la asistencia sanitaria.
En ese contexto, es difícil de entender cómo a la vez que se toman medidas para reducir el gasto público farmacéutico como el copago de los pensionistas, persistan comportamiento que auspician el derroche y el despilfarro de los recursos públicos en materia de sanidad.
Nos referimos en concreto al uso de LUCENTIS y AVASTIN en el tratamiento de la Degeneración Macular Húmeda Asociada a la Edad (DMAE), una enfermedad que en España sufren más de 200.000 personas y que para su tratamiento requiere en un porcentaje significativo de casos la utilización de los medicamentos antes mencionados con un coste farmacéutico muy elevado.
LUCENTIS, fabricado en Europa por los laboratorios Novartis, es un medicamento expresamente autorizado para el tratamiento de la degeneración macular. AVASTIN, fabricado en Europa por Roche, es un medicamento más antiguo, cuyo principio activo es muy similar al de LUCENTIS, que se utiliza en el tratamiento del cáncer de colon pero que no tiene entre sus indicaciones expresamente autorizadas el tratamiento de la degeneración macular.
Sin embargo la evidencia científica acumulada tras su uso durante años ha puesto de manifiesto que ambos fármacos presentan un perfil beneficio/riesgo similar para el tratamiento de la degeneración macular.
Si bien la eficacia y seguridad es parecida, la diferencia del coste del tratamiento con uno u otro fármaco es abismal. Mientras el coste anual de un paciente tratado con AVASTIN puede llegar a ser -en función de la pauta utilizada- de 97,70 euros, el coste de un paciente tratado con LUCENTIS puede alcanzar los 9.580,66 euros, prácticamente cien veces más. A juicio de OCU es inadmisible que se esté prescribiendo un medicamento equivalente mucho más caro sin una justificación razonable y convincente. Según los cálculos de la OCU la diferencia entre utilizar un medicamento y otro puede suponer un coste adicional de un millón de euros por cada 100 pacientes. Utilizar el fármaco más barato en todos los tratamientos de la degeneración macular húmeda en España podría suponer un ahorro cercano a los 200 millones de euros al año.
La razón fundamental de esa falta de autorización de AVASTIN para tratar la degeneración macular es el desinterés del laboratorio por solicitarla. Esa falta de interés puede tener una clara motivación económica e ilegal.
En efecto, el pasado 6 de marzo la Autoridad Italiana de la Competencia impuso una sanción a las citadas compañías farmacéuticas de 182,5 millones de euros por haber constituido un cártel con el objetivo de que no se comercializara el medicamento más barato para tratar la degeneración macular húmeda. La autoridad italiana constató que la actuación ilegal de estas compañías supuso un quebranto al Sistema Nacional de Salud de Italia de alrededor de 45 millones de euros solo en 2012.
En España, como en el resto de países de nuestro entorno, no hay una autorización para el uso de AVASTIN en el tratamiento de la degeneración macular. Lo que supone un serio obstáculo para su utilización generalizada en todo en el territorio nacional y esto a juicio de OCU afecta de forma grave a la equidad y a los principios de economía y eficacia en el gasto público que establece la Constitución Española.
Se llega a dar la paradoja de que distintas Comunidades Autónomas (como Castilla La Mancha, la Comunidad Valenciana o Madrid) han establecido protocolos de uso de AVASTIN fuera de indicación que permiten un ahorro significativo en el gasto sanitario.
En la situación actual es fácil comprender que los ciudadanos no entiendan cómo los servicios públicos de salud pueden estar pagando un medicamento a un coste casi cien veces superior a otro con el mismo nivel de eficacia y seguridad.
Por todo ello desde OCU le pedimos que de forma urgente:
- Tome las medidas necesarias para que en todo el territorio nacional se permita el uso común del medicamento más eficiente.
- Promueva la actuación tanto de su propio Ministerio y las autoridades de competencia que determine la existencia de responsabilidades por los posibles perjuicios causados al erario público.
- Se tomen las medidas necesarias para garantizar el uso racional de los medicamentos por parte de la totalidad del sistema de salud.
Esperamos que su decidida y firme actuación evite este despilfarro y derroche de los recursos públicos que causa una profunda indignación entre los ciudadanos.
Carlos Sánchez-Reyes de Palacio
Presidente de la OCU